Compañeros trabajadores: No permitamos otra agresión.
MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2008
Portada Primero de Mayo
Cadena de iniciativas fracasadas para modificar elartículo 123 constitucional
De Salinas a Calderón, la reforma laboral no aterrizaLos gobiernos buscan adecuarla con las directrices del neoliberalismo
Patricia Muñoz Ríos y Carolina Gómez
La Ley Federal del Trabajo (LFT), promulgada el 18 de agosto de 1931, ha experimentado diversas reformas, siendo las más importantes las de 1970 y 1980, en las que se eliminaron algunas normas restrictivas del derecho de huelga y se indujeron cambios procesales, pero se mantuvieron las características medulares de la ley original por lo cual, en sus 76 años, la ley laboral nunca ha experimentado una modificación radical.
Sin embargo, desde hace dos décadas los gobiernos en turno se han empeñado en adecuarla a las necesidades y directrices del neoliberalismo y la globalización imperantes, y esta idea empezó con el presidente Carlos Salinas de Gortari.
Fue en 1987, durante su campaña proselitista, que el entonces candidato priísta a la Presidencia planteó que se tenía que modificar dicha regulación para adecuarla a la “modernidad”, por lo cual se le reconoce como “autor intelectual” del tipo de reforma laboral que se ha pretendido imponer.
Lo anterior se plantea en el libro “Reforma laboral y globalización en México”, coordinado por Eduardo Torres Maldonado, secretario de Asuntos Académicos de la Unión de Juristas de México (UJM).
Ya en la Presidencia, Salinas creó el Comité de Estudios para la Legislación Laboral, y en 1989 una comisión tripartita para fijar las bases de la reforma, la cual no prosperó debido principalmente a la negativa de organizaciones gremiales independientes, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Así, la iniciativa quedó para mejor ocasión, pero “se inició la reforma por la vía de los hechos”, se establece en un análisis el Frente Sindical Mexicano (FSM), organización encabezada por el SME, que se creó para combatir los intentos para cambiar la Ley Federal del Trabajo.
Desde fines de la década de los 80, los empresarios agrupados en las confederaciones Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) insistían en reformar la LFT para promover la productividad y eliminar lo que denominaban “rigideces” en la citada ley.
En 1992 hubo un segundo intento gubernamental para cambiar la legislación laboral, con una propuesta que impulsaba la productividad, “modificando en los hechos lo establecido en la ley”, refiere el abogado Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la UJM, en el libro “Reforma laboral y globalización”.
En 1995, tras la firma del Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 nuevamente aborda el tema de la LFT, y es así como en septiembre de ese año el Partido Acción Nacional presenta su proyecto de reforma a la legislación laboral, pero ésta no tiene impacto alguno.
Tres años después, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) –encabezada en ese entonces por José Antonio González Fernández–, con base en el citado plan de desarrollo, recomendaciones de la Oganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, desempolva la propuesta con cuatro directrices: productividad y empleo; justicia laboral; flexibilización de la LFT, y generación de empleos.
Ante ello, organizaciones como el SME, el FSM y el SITUAM, entre otras, dicen no a esta propuesta y exigen se cumpla a cabalidad el artículo 123 constitucional; para ello realizan foros de consulta.
En contraparte, de acuerdo con datos hemerográficos, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la
Federación de Sindicatos de Trabajadores de Empresas de Bienes y Servicios (Fesebs) y algunos organismos corporativos como la CTM, el Congreso del Trabajo (CT) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), aceptaron la reforma, pero advirtieron que ello no debía implicar la renuncia a derechos laborales adquiridos.
En 1998, ante el fracaso de la propuesta, la STPS encabezó la elaboración de un anteproyecto de código federal de procedimientos del trabajo; el primero apareció en diciembre de ese año y el segundo en febrero de 1999.
Poco después, el candidato del PAN a la Presidencia de la República, Vicente Fox, aunque se mostró abierto a las propuestas en materia laboral de los sindicatos independientes –con los cuales firmó los llamados “20 compromisos”–, cuando llegó al poder propuso flexibilizar la Ley Federal del Trabajo, lo cual afianzó con la llegada a la STPS de Carlos Abascal Carranza, abogado y ex líder patronal “abiertamente identificado con la reforma laboral flexibilizadora.
Esto derivó en que, tras una consulta y discusión “unilateral”, así como diversos cambios en la propuesta, el 12 de diciembre de 2002 fuera presentada en la Cámara de Diputados una iniciativa apoyada por PRI, PAN y PVEM, que se conoció como “reforma Abascal” y, de acuerdo con sindicalistas y expertos en el tema, es la base de la propuesta que se prevé presentar a mediados de este año.
Portada Primero de Mayo
Cadena de iniciativas fracasadas para modificar elartículo 123 constitucional
De Salinas a Calderón, la reforma laboral no aterrizaLos gobiernos buscan adecuarla con las directrices del neoliberalismo
Patricia Muñoz Ríos y Carolina Gómez
La Ley Federal del Trabajo (LFT), promulgada el 18 de agosto de 1931, ha experimentado diversas reformas, siendo las más importantes las de 1970 y 1980, en las que se eliminaron algunas normas restrictivas del derecho de huelga y se indujeron cambios procesales, pero se mantuvieron las características medulares de la ley original por lo cual, en sus 76 años, la ley laboral nunca ha experimentado una modificación radical.
Sin embargo, desde hace dos décadas los gobiernos en turno se han empeñado en adecuarla a las necesidades y directrices del neoliberalismo y la globalización imperantes, y esta idea empezó con el presidente Carlos Salinas de Gortari.
Fue en 1987, durante su campaña proselitista, que el entonces candidato priísta a la Presidencia planteó que se tenía que modificar dicha regulación para adecuarla a la “modernidad”, por lo cual se le reconoce como “autor intelectual” del tipo de reforma laboral que se ha pretendido imponer.
Lo anterior se plantea en el libro “Reforma laboral y globalización en México”, coordinado por Eduardo Torres Maldonado, secretario de Asuntos Académicos de la Unión de Juristas de México (UJM).
Ya en la Presidencia, Salinas creó el Comité de Estudios para la Legislación Laboral, y en 1989 una comisión tripartita para fijar las bases de la reforma, la cual no prosperó debido principalmente a la negativa de organizaciones gremiales independientes, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Así, la iniciativa quedó para mejor ocasión, pero “se inició la reforma por la vía de los hechos”, se establece en un análisis el Frente Sindical Mexicano (FSM), organización encabezada por el SME, que se creó para combatir los intentos para cambiar la Ley Federal del Trabajo.
Desde fines de la década de los 80, los empresarios agrupados en las confederaciones Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) insistían en reformar la LFT para promover la productividad y eliminar lo que denominaban “rigideces” en la citada ley.
En 1992 hubo un segundo intento gubernamental para cambiar la legislación laboral, con una propuesta que impulsaba la productividad, “modificando en los hechos lo establecido en la ley”, refiere el abogado Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la UJM, en el libro “Reforma laboral y globalización”.
En 1995, tras la firma del Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 nuevamente aborda el tema de la LFT, y es así como en septiembre de ese año el Partido Acción Nacional presenta su proyecto de reforma a la legislación laboral, pero ésta no tiene impacto alguno.
Tres años después, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) –encabezada en ese entonces por José Antonio González Fernández–, con base en el citado plan de desarrollo, recomendaciones de la Oganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, desempolva la propuesta con cuatro directrices: productividad y empleo; justicia laboral; flexibilización de la LFT, y generación de empleos.
Ante ello, organizaciones como el SME, el FSM y el SITUAM, entre otras, dicen no a esta propuesta y exigen se cumpla a cabalidad el artículo 123 constitucional; para ello realizan foros de consulta.
En contraparte, de acuerdo con datos hemerográficos, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la
Federación de Sindicatos de Trabajadores de Empresas de Bienes y Servicios (Fesebs) y algunos organismos corporativos como la CTM, el Congreso del Trabajo (CT) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), aceptaron la reforma, pero advirtieron que ello no debía implicar la renuncia a derechos laborales adquiridos.
En 1998, ante el fracaso de la propuesta, la STPS encabezó la elaboración de un anteproyecto de código federal de procedimientos del trabajo; el primero apareció en diciembre de ese año y el segundo en febrero de 1999.
Poco después, el candidato del PAN a la Presidencia de la República, Vicente Fox, aunque se mostró abierto a las propuestas en materia laboral de los sindicatos independientes –con los cuales firmó los llamados “20 compromisos”–, cuando llegó al poder propuso flexibilizar la Ley Federal del Trabajo, lo cual afianzó con la llegada a la STPS de Carlos Abascal Carranza, abogado y ex líder patronal “abiertamente identificado con la reforma laboral flexibilizadora.
Esto derivó en que, tras una consulta y discusión “unilateral”, así como diversos cambios en la propuesta, el 12 de diciembre de 2002 fuera presentada en la Cámara de Diputados una iniciativa apoyada por PRI, PAN y PVEM, que se conoció como “reforma Abascal” y, de acuerdo con sindicalistas y expertos en el tema, es la base de la propuesta que se prevé presentar a mediados de este año.
