Los grupos de poder no quieren pagar impuestos
Esos grupos se salen con la suya porque “son los poderes fácticos”. Advierte que México va al desastre fiscal y que la CETU es un IVA disfrazado cuyo costo será trasladado por los empresarios a los consumidores
ROBERTO GONZALEZ AMADOR
En la discusión de las últimas semanas sobre la propuesta que hizo el gobierno federal para introducir algunos cambios al sistema tributario “se ha reflejado clarísimamente que los principales grupos de poder económico nacionales y extranjeros no quieren pagar impuestos y que se salen con la suya”. Habla David Ibarra Muñoz, ex secretario de Hacienda y autor de varios libros recientes sobre la economía mexicana y su inserción en el proceso global:
“Los grupos de poder no quieren pagar impuestos. Y se salen con la suya porque son los poderes fácticos y porque nuestros partidos políticos son débiles y tímidos y no se atreven a decir ‘no’”.
Ibarra Muñoz, secretario de Hacienda y Crédito Público entre 1997 y 1982, encuentra que la propuesta gubernamental de crear un impuesto mínimo de control llamado Contribución Empresarial de Tasa Unica (CETU) es en realidad un “IVA disfrazado”. La estructura de la CETU, si es aprobada como la propuso Hacienda en junio pasado, permitirá a las empresas trasladar ese costo a los consumidores finales “sin importar el nivel de ingreso de esos consumidores”, agrega. Augura: México va al desastre fiscal.
Desde que el gobierno federal presentó su propuesta de reforma fiscal, varios grupos empresariales han cuestionado el planteamiento de aplicar la CETU a aquellas compañías que hasta ahora recurren a las diversas exenciones y excepciones fiscales para no tributar el impuesto sobre la renta. Esta contribución, a la que también se opone el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, fue presentada por el gobierno como un gravamen que, junto con algunas otras medidas, podría elevar la recaudación fiscal, que ahora es de 9 por ciento del producto interno bruto –una de las más bajas del mundo en desarrollo– en tres puntos, unos 300 mil millones de pesos.
Autor, entre otros, de Ensayos sobre economía mexicana, publicado por el Fondo de Cultura Económica el año pasado, ex director de Nacional Financiera y del Banco Nacional de México, Ibarra considera en una entrevista con La Jornada que la propuesta fiscal del gobierno lleva a las finanzas públicas a un mayor debilitamiento. Las empresas van a pagar menos de lo que hacen ahora y, si tuvieran algún costo con la CETU, lo trasladarán a los consumidores. Incluso, afirma, la propuesta es de carácter inflacionario.
–¿Quién paga y quién no paga impuestos en México?
–En México hay dos clases de impuestos. Los indirectos, fundamentalmente el IVA y el IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios, que se cobran a productos como refrescos, cigarros o gasolina), que pagan todos los consumidores, parejito, sin distinción de si son ricos o pobres. Y el impuesto sobre la renta (ISR), dividido en dos partes: la que aportamos las personas como individuos y lo que cubren las empresas. Lo que pagan los individuos y las empresas no es más de 4 o 5 por ciento del PIB y, de eso, más de la mitad corresponde a las personas. En Brasil el ISR equivale a 15 por ciento del PIB. En México la mayor parte de los impuestos la aportan las personas, independientemente de su nivel de ingresos. Lo que se paga en términos de las empresas y de los impuestos al capital es poquísimo. Por ejemplo, en herencias, legados, impuestos a las ganancias de las bolsas de valores aquí se contribuye 0.3 por ciento del producto, mientras en otros países es 3 por ciento, es decir 10 veces más.
–El gobierno actual afirma que su propuesta busca que las empresas que no pagan impuestos contribuyan al fisco, así sea con una aportación mínima.
–No sé que es lo que busca la propuesta. En cierto sentido los trabajadores del sector informal, con la CETU, van a pagar más impuestos, va haber lo que se llama ampliación de base, pero estamos desgravando a los más ricos.
–¿Cómo ocurre esto?
–El ISR es un impuesto que representa un traje a la medida en el sentido de que quienes se encuentran en el mismo estrato de ingreso pagan lo mismo. Eso es la equidad de los impuestos. Y los que se encuentren con más o menos ingresos pagan más o menos, según el caso. En cambio hay otros ingresos en que no importa cuánto gane ni qué actividad desarrolle. Todos pagan lo mismo. Es el caso del IVA. Cada vez que alguien compra algo paga lo mismo, independientemente de su nivel de ingreso. Es decir, esos impuestos no tienen equidad. Y por consiguiente se les llama impuestos regresivos, porque gravan proporcionalmente más a quienes menos tienen. Eso es en esencia lo que estamos viendo en este país. La CETU, aunque en la iniciativa de ley se le llame directo, es un impuesto indirecto porque tiene una tasa igual independientemente de lo que gane la persona. Además es un impuesto transferible. Una empresa lo va a repercutir al consumidor y en ese sentido es exactamente igual que el IVA, con tasa proporcional parejita para todos, que no distingue y no hace el traje a medida de acuerdo con la capacidad tributaria de los contribuyentes. Por eso afecta más a los pobres que a los ricos.
–¿Aun cuando se ha insistido que es un impuesto para empresas que no afecta a las personas físicas?
–Ese es otro de los trucos que se están utilizando. Lo llaman “contribución empresarial de tasa única”, pero resulta que esa contribución la acaban pagando los consumidores. ¿O es que el IVA lo pagan las empresas? Lo van transfiriendo. Pues es exactamente igual con la CETU.
–El objetivo, así lo declaró el gobierno, es que pagarán quienes no están pagando. ¿Entonces no es ese el sentido?
–Pues no. Al contrario, las empresas van a pagar menos.
–Si seguimos esa secuencia, ¿por qué la oposición de los grupos empresariales a la CETU?
–Para un gobierno siempre es más fácil hacer reformas impositivas que no graven a los poderosos, porque los poderosos tienen una capacidad organizativa, jurídica y política para defenderse. Entonces es más fácil gravar a los grupos desorganizados y débiles, porque tienen una capacidad económica y política menor. Por otro lado, los partidos políticos que quisieran una reforma sustantiva, no sólo recaudatoria sino que atendiera problemas de distribución y equidad del ingreso, tendrían que erosionarse frente a los grupos opulentos. El camino más fácil y de corto plazo es no hacer nada y permitir que se cobre a los más débiles.
“Pero –añade– veamos su pregunta. ¿Por qué los grupos empresariales se oponen? Porque quisieran que el gobierno tomara una acción más radical, como suprimir de golpe todo el impuesto sobre la renta, porque saben que ellos pueden transferir los impuestos indirectos y no pagar el ISR. Quisieran sustituir el impuesto sobre la renta por un impuesto indirecto al consumo. Otros quieren sacar un poco más de lo que ya les están dando: quisieran que en vez de que la CETU fuera de 16 a 19 por ciento bajarla a 12. Es decir están negociando pequeñas ventajas”.
Ibarra Muñoz, integrante del consejo de administración del Grupo Carso, cuyo principal accionista es Carlos Slim Helú, considera que la propuesta fiscal del gobierno federal para elevar en 3 puntos del PIB la recaudación es meramente recaudatoria, para tener recursos con que afrontar carencias que se verán en los siguientes años, como la pérdida de ingresos por menor producción de petróleo o el costo fiscal de la reforma al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, aprobada este año. En el largo plazo no mejora los ingresos, afirma.
–¿Cree que los intereses extranjeros y los nacionales se han alineado para defender esta postura?
–Por supuesto. A nadie gusta pagar impuestos. Se pagan porque es necesario sufragar los gastos del gobierno en mantener el orden, atender los servicios sociales y la formación de capital. Pero a nadie gusta pagarlos, eso es contra Natura. Pero hay una responsabilidad ciudadana de que los impuestos se paguen, responsabilidad ciudadana que debería transmitirse a los partidos para tener un sistema impositivo medianamente equitativo.
–¿Cuál sería un primer paso?
–El primer paso es subir la progresividad del ISR, no cargar más la mano en los impuestos indirectos.
–Pero en los últimos 10 años se ha hecho de la reducción al ISR un atributo de la modernidad.
–Pero es al contrario. Es un signo de atraso, destruye la poca solidaridad social que teníamos.
–Aunque ahora no se puede saber qué va a pasar con la propuesta fiscal, con los planteamientos que ha hecho el gobierno y la discusión en el Congreso y con los grupos empresariales, ¿cuál es el panorama fiscal para los siguientes años?
–Muy malo. México crece poco, por la recesión de Estados Unidos y otros factores. Casi todos los países latinoamericanos van a crecer más, 40 por ciento más este año. Y no nos comparemos con China, que va a crecer 3 o 4 veces más; o India, 2.5 veces más. Eso es culpa de nuestras políticas, porque todos estamos inmersos en el mismo sistema global.
–¿En este tema del crecimiento económico, qué papel debe jugar la política fiscal?
–Importantísimo. Un país no puede crecer si no tiene infraestructura física y sobre todo humana. Las universidades de Europa y EU están llenas de asiáticos y latinoamericanos de otros países distintos a México. En cambio, nuestro sistema educativo este año dará 400 becas al exterior. Hace 25 años otorgaba 3 mil 500 cada año. Y el sistema educativo está haciendo agua por todos lados. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo y hacer lo que es necesario, aunque resulte doloroso y difícil.
–¿Qué es eso que considera necesario?
–Primero, ponernos de acuerdo desde el sistema impositivo hasta hacer del crecimiento el objetivo fundamental. Ya no queremos crecer, lo que queremos es tener estabilidad y ni eso logramos bien. Eso es lo que queremos, estabilidad de precios y no nos planteamos dar empleo, crecer, otorgar servicios de salud, buenos servicios educativos, crear la infraestructura. Tenemos un objetivo inhumano. Hemos creído toda la ideología que se nos vende.
–¿Cómo se fue dando este deterioro de la concepción del sistema fiscal?
–Empezó con nuestra adaptación mal hecha a la globalización. Eso se da en los años 80, con la apertura de mercados, la retirada del Estado de la producción, las privatizaciones, etcétera. Eso hace que nuestra tasa de crecimiento económico se reduzca a la mitad o menos de lo que teníamos en esos años. Y al reducirse la tasa de crecimiento también lo hizo la recaudación fiscal, casi en la misma proporción.
David Ibarra Muñoz ex secretario de hacienda
