Demanda de AMLO contra Calderón y expresidentes por la inundación en Tabasco

CFE compra a empresas extranjeras 31% de la electricidad que se distribuye en el país, denuncia
Presentó AMLO demanda en la PGR por la tragedia de Tabasco
El gobierno federal no hizo nada para evitar las inundaciones e “incidió en el mal manejo de Peñitas”
Calderón se comporta como empleadillo de trasnacionales, “como cuando fue titular de Energía”
El ex candidato presidencial llevará el caso a instancias internacionales; exige castigo a los culpables
Alma E. Muñoz

Tras advertir que en México hay una política energética privatizadora, y que actualmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compra a empresas extranjeras 31 por ciento del fluido que distribuye en el país, Andrés Manuel López Obrador acudió ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) a presentar una denuncia penal por las inundaciones ocurridas en Tabasco; advirtió que pretende llevar esta queja a instancias internacionales, porque el Ejecutivo federal no hizo nada para evitar la tragedia.
Señaló como presuntos responsables a Felipe Calderón, a los ex presidentes Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari; a los secretarios de Energía y Medio Ambiente, Georgina Kessel y Juan Rafael Elvira, respectivamente; a los directores de CFE y de la Comisión Nacional del Agua, Alfredo Elías Ayub y José Luis Luege Tamargo, y a todo aquel que pueda haber incidido, por irresponsabilidad o negligencia, en las inundaciones que afectaron a miles de tabasqueños.
Los acusó de ejercicio indebido del servicio público, al impedir o tratar de impedir la generación de energía (en la presa Peñitas); uso indebido de atribuciones o facultades del servidor público; delitos contra las personas en su patrimonio; encubrimiento e ilícitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
Por la noche se informó que de manera inmediata se inició la averiguación previa PGR/ UDICSTDAJ/92/07 por la posible comisión de los delitos señalados, así como actos u omisiones que afectan el consumo nacional.
La PGR aseguró que “tiene el compromiso con la vigencia de la ley y el estado de derecho, por lo que realizará las investigaciones conducentes en lo previsto en el marco jurídico penal que rige el desempeño institucional”. Lo anterior, a partir de que el ex candidato presidencial presentó la denuncia, en compañía del senador Ricardo Monreal; en el mismo acto la ratificó.
Antes de acudir a la instancia federal, donde fue recibido por el subprocurador de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, López Obrador presentó –en conferencia de prensa– una serie de documentos para acreditar que la tragedia pudo evitarse, y dejó en claro que no cejará en su demanda de que se finquen los castigos que correspondan y se repare el daño causado.
El “presidente legítimo” acusó al Ejecutivo federal de incidir en un “manejo irresponsable de la operación del Sistema Hidroeléctrico del Grijalva, en particular de la presa Peñitas”, con el afán de favorecer la participación del sector privado en la prestación de este servicio público, gracias a la aprobación de reformas y adiciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, desde 1992.
Hizo un recuento de la operación del embalse durante octubre pasado, para asentar que realizaron turbinaciones bajas, del 23 al 29 de ese mes, sin tomar en cuenta advertencias climáticas, que incluían lluvias intensas, “las mayores que registra su escala” para los días 28, 29 y 30.
Eso “trajo como consecuencia el incremento del agua en Peñitas al nivel crítico de 90.06 metros sobre el nivel del mar, ante lo cual abrieron las compuertas a partir del 29 de octubre, a las 8:45 horas, y durante tres días consecutivos, dejando caer sobre la planicie 2 mil metros cúbicos por segundo (2 millones de litros del líquido por segundo), provocando el desastre que padece la población de Tabasco”.
Así, enfatizó que “la tragedia pudo evitarse y es consecuencia de una política privatizadora que ignora la seguridad de la gente y el interés nacional”. Además, el Ejecutivo federal “tuvo la información y los instrumentos necesarios para evitarla”, pero no hizo nada al respecto.
López Obrador aseguró que Calderón “se sigue comportando, como hizo cuando fungió como secretario de Energía, en el sexenio foxista, como un empleadillo de empresas extranjeras depredadoras”. Y aunque dijo estar seguro de cuál será el resultado que asuma la PGR, confió en que “desaparezca la impunidad”.
Aclaró que acudió a esa dependencia con el fin de cumplir el procedimiento que rige para poder presentar un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos, una vez que se agoten las instancias nacionales, sin que ello contradiga su determinación para “mandar al diablo” las instituciones.
“Claro que sigo sosteniendo, para que no quede la menor duda, que la mayoría de las instituciones en México están al servicio de una mafia. Y agregaría que la llamada sociedad política está podrida, y que sólo el pueblo puede salvar al pueblo”.
Sostuvo que le tiene sin cuidado que se diga que politizó el asunto, porque es parte de las acusaciones y calumnias de que ha sido objeto. “Me han extendido como 10 cartas de defunción política”, pero no por ello dejaré de cumplir el compromiso que tengo de defender al pueblo y el patrimonio nacional, sobre todo cuando quieren “tragarse el país, porque no tienen llenadera”, y por eso buscan las privatizaciones.
“La CFE compra a las empresas extranjeras, que cuentan con 22 por ciento de la capacidad instalada, 31 por ciento de la electricidad que se distribuye en el país, como resultado de los contratos de generación de energía eléctrica y compraventa de energía asociada”.