A pesar de todo, el cínico de Yunes insiste en que es para beneficio de los derechohabientes...

Es punta de lanza para otros cambios, señala análisis
Desmantelar el ISSSTE, meta de la nueva ley del organismo: expertos
ROSA ELVIRA VARGAS
La nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que no surge del consenso social sino del alcanzado por "los grupos dominantes", se dirige indefectiblemente a desmantelar a ese organismo público, porque se privatizan sus servicios médicos y de pensiones, al pasar a manos de grupos empresariales, cuyo único objetivo es maximizar sus utilidades, de acuerdo con un análisis elaborado por especialistas en la materia.
Asimismo, la nueva ley liberaliza, o de plano elimina, prestaciones y servicios considerados a partir de ahora "accesorios" al sistema de seguridad social, como préstamos personales, tiendas, farmacias y servicios turísticos, funerarios, culturales y deportivos.
En síntesis, la nueva legislación vulnera el derecho de los trabajadores y en el corto plazo provocará una "corrida pensionaria", pues ante la incertidumbre acerca de esa ley se calcula que alrededor de 300 mil empleados de la Federación que ya cumplen los requisitos para jubilarse lo harán antes de que se aplique la norma en su totalidad.
Un detallado estudio elaborado por Odilia Ulloa Padilla (economista) y Miguel Alonso Raya (ex presidente dela Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados) concluye que esa ley representa la punta de lanza para impulsar otras "reformas estructurales" desde el gobierno de Felipe Calderón, mientras para los sectores financiero y de la medicina privada se vislumbra como la ampliación de sus negocios y utilidades a partir de la transferencia de parte significativa de fondos públicos.
En el análisis puntualizan que, por recomendación del Banco Mundial, el gobierno propuso una legislación "espejo" a la aplicada a los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social a partir de 1997.
Además, la reforma al ISSSTE "se concretó sin mediar una evaluación externa, seria y responsable del funcionamiento" de la de 1997, a una década de su aplicación.
Con todo, indican, los impulsores de la reforma del ISSSTE pasaron por alto la autocrítica formulada por el Banco Mundial y publicada en 2005 por Robert Holzman y Richard Hinz con el título Soporte del ingreso en la vejez en el siglo XXI: una perspectiva internacional de los sistemas de pensiones y de sus reformas, donde se asume que modificaciones como las aprobadas en México no aumentan la cobertura, no garantizan pensiones dignas, no reducen los costos fiscales de los sistemas ni garantizan las condiciones para su autofinaciamiento ni el saneamiento de los sistemas en el largo plazo.
Los "cambios de fondo" al sistema de seguridad social de los trabajadores federales identificados por los autores incluyen, entre otros, la modificación al régimen obligatorio que pasa de 21 seguros, prestaciones y servicios a sólo cuatro (análogos a los previstos por la Ley del Seguro Social) más prestaciones y servicios para la transferencia de derechos y requisitos entre ambas instituciones, "donde los préstamos personales y los servicios sociales y culturales se sujetarán a las posibilidades financieras de los fondos que los integran y se otorgarán siempre y cuando no se afecte la viabilidad financiera".
Las modificaciones incluyen también la sustitución del modelo sanitario integral y solidario que operaba en la anterior ley, por otro "basado en la separación del financiamiento de salud entre trabajadores en activo y pensionados; acuerdos de gestión con unidades prestadoras de servicios de salud del propio ISSSTE y del sector salud -públicas y privadas-, y convenios de subrogación de servicios".
Asimismo, se cambió el sistema público de pensiones de reparto (beneficios definidos) por otro cuyo pilar se basa en un régimen de cuentas de capitalización individual (aportaciones definidas), administración mercantil-privada de los fondos de pensión (Afore) y de las pensiones en sus modalidades de renta vitalicia, retiro programado y seguros de sobrevivencia con compañías especializadas en tales esquemas.
Sobre el nuevo modelo de gestión en salud que resulta de la legislación recientemente aprobada, mencionan el gran margen de decisión que se concederá a la junta directiva del ISSSTE para diseñarlo en atención a las características demográficas, socioeconómicas y epidemiológicas de los derechohabientes y con un nuevo régimen financiero basado en el incremento de aportaciones, la que corresponderá al gobierno federal, denominada "cuota social".
De este modo, en el ISSSTE, indican Ulloa y Alonso Raya, se establecen las bases para la ruptura del mecanismo de financiamiento solidario en salud y, por tanto, sus efectos redistributivos, "al separar actuarial, contable y operativamente a la población (derechohabiente) entre activos y pensionados, entre sanos y enfermos y por condición de ingresos".
La junta directiva seguirá, entonces, una orientación eminentemente económica por medio de "convenios de gestión" y de "subrogación de servicios" para transferir fondos del Seguro de Salud a la medicina privada.