EL MUNDO OBSERVA EL DETERIORO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

Como conclusión de su reciente visita a México, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su preocupación por la falta de atención de la administración de Felipe Calderón hacia la situación de los derechos humanos en nuestro país.

Según reporta el diario La Jornada en su edición de hoy, la CIDH señaló: “Estamos dando un compás de espera al gobierno mexicano para que resuelva y atienda las violaciones sexuales en San Salvador Atenco y las violaciones a derechos humanos en Oaxaca, pero si no hay justicia, la CIDH entrará a revisar los casos”.

Semanas antes, el periodista Marco Appel reportaba en el semanario Proceso que “después de numerosas expresiones de condena en Europa por los asesinatos de mujeres y niñas en México, sobre todo en Ciudad Juárez, el Parlamento Europeo discutirá el asunto a su más alto nivel y elaborará un documento de resolución”.

La reconocida revista mexicana asentaba: “El Parlamento Europeo se cansó de expresar en diversas ocasiones su preocupación por los feminicidios cometidos en Ciudad Juárez. Ante la ‘ineficiencia’ de las autoridades mexicanas para erradicar y prevenir este fenómeno, prepara ahora una resolución institucional que incluye la exigencia de ‘acciones concretas’ al gobierno de Felipe Calderón. De su respuesta dependerá si México enfrenta o no problemas con la Unión Europea”.

En una palabra, los ojos del mundo empiezan a voltear hacia México y no dejan de espantarse ante la pasividad con que las instancias gubernamentales enfrentan la crisis de los derechos humanos que padecemos.

Y no es para menos. Día con día se multiplican las señales de alarma en la materia: una carencia de propuesta gubernamental para enfrentar el problema, aunada a una actitud de tolerancia, cuando no de abierta promoción, de las violaciones a los derechos humanos.

A los casos de los feminicidios de Ciudad Juárez, de las violaciones sexuales y las detenciones arbitrarias en Atenco y de la represión indiscriminada en Oaxaca —que han llamado la atención de los observadores internacionales de los derechos humanos con mayor énfasis— se agregan nuevos y preocupantes casos.

En anteriores despachos del Servicio de Noticias ISA hemos hecho referencia ya al de la violación sexual y asesinato de la anciana indígena Ernestina Ascensión, cuya investigación es un cúmulo de contradicciones para esconder la responsabilidad de militares en dicho crimen.

Apenas ayer, se ha suscitado una nueva detención en la ciudad de Oaxaca, esta vez de David Venegas Reyes, consejero estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); una nueva muestra de la impunidad con que sigue actuando el gobernador de esa entidad, Ulises Ruiz, con la anuencia y apoyo del gobierno federal.

Y sólo unas semanas antes, la lista de presos políticos mexicanos creció en varias docenas con la detención de activistas que protestaban en Mérida, Yucatán, por la visita del presidente estadunidense George Bush.

México es, sin exageración alguna, hoy en día, tierra de impunidad para los violadores de los derechos humanos.

Tal vez para los observadores internacionales pase desapercibido que, nada diferente podía esperarse del gobierno de facto de Felipe Calderón. Por eso es importante que uno de los muchos blogs del movimiento de resistencia civil pacífica surgido de la lucha contra el fraude electoral del pasado 2 de julio, haya revivido en estos días una nota del periódico Público Milenio, de Guadalajara, sobre los derechos humanos en Jalisco durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña.

Ramírez Acuña, del Partido Acción Nacional (PAN), gobernó Jalisco entre 2001 y 2006, hasta antes de dejar el puesto para ocupar la cartera de la Secretaría de Gobernación en el gabinete de Felipe Calderón. Sus nexos con Calderón son estrechos. Fue él quien lo “destapó” como precandidato panista a la presidencia y las estructuras del fraude electoral tuvieron especial diligencia en la entidad gobernada entonces por Ramírez Acuña.

Según la nota que recogen las Redes Ciudadanas de Jóvenes de León, Guanajuato, y que originalmente apareció el 23 de febrero en el citado diario jalisciense, “en materia de derechos humanos, la administración de Francisco Ramírez Acuña como gobernador de Jalisco resulta reprobada debido a las constantes violaciones a las garantías individuales, al regreso de la tortura como práctica habitual y a la poca atención a las recomendaciones emitidas por el organismo constitucional encargado de vigilar las garantías individuales”.

El anterior juicio se desprende del balance elaborado por el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), quien en el pasado mes de febrero detalló los saldos que en este tema dejó el ahora encargado de la política interior del gobierno de facto de Felipe Calderón.

El juicio reprobatorio en contra de quien fuese también el segundo gobernador salido de las filas del Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco se funda en un “pormenorizado estudio estadístico de las quejas presentadas entre 2001 y 2006 contra las autoridades acusadas de violar derechos humanos y de las principales conductas violatorias de las garantías individuales de las personas. El reporte revela que 49 de cada cien quejas presentadas en esos seis años fueron en contra de dependencias del Poder Ejecutivo”.

“No se resguardaron ni protegieron las garantías individuales, no puede ser que haya tantas quejas y que muchas recomendaciones no hayan sido aceptadas por el Ejecutivo”, señaló el informe del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, según la nota periodística citada.

“Durante esta gestión, la CEDHJ emitió 51 recomendaciones, 26 de las cuales fueron dirigidas al Ejecutivo y 12 en particular a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ). Siete de estas recomendaciones fueron por denuncias probadas de tortura. De estas 26 recomendaciones al Ejecutivo, seis fueron aceptadas, 11 rechazadas y nueve parcialmente aceptadas”.

“En esos seis años —continúa el reporte periodístico— se presentaron 17 651 quejas, de las cuales 8 580 fueron en contra de 40 dependencias del Poder Ejecutivo. El primer lugar en este deshonroso campeonato de denuncias por violación a los derechos humanos lo ocupa la PGJEJ con 4 437 quejas, le sigue la Secretaría de Educación con 1 026 y en tercer lugar la Secretaría de Seguridad con 916 denuncias. En conjunto, estas seis dependencias concentran 88.6 por ciento de las quejas en contra del Poder Ejecutivo”.

“Este mar de cifras no es caótico, tiene un patrón común que los consejeros de la CEDHJ resaltaron: en lugar de que la PGJEJ sea un ‘un referente en la garantía del respeto a los derechos humanos’, las cifras indican lo contrario. La tortura regresó en este sexenio como práctica común para la integración de las averiguaciones. De un total de 786 denuncias por tortura presentadas en el sexenio de Ramírez Acuña, 686 tuvieron como autoridad responsable a la procuraduría estatal. Estas cifras indican que en promedio cada semana de ese sexenio, al menos un ciudadano acudía ante la CEDHJ para denunciar que fue torturado en la procuraduría estatal. Además de la tortura, se denunció que en la PGJEJ hubo 1 576 detenciones arbitrarias, casi mil lesiones y 259 casos de intimidación. Los datos en conjunto revelan un enorme hoyo negro en materia de respeto a los derechos humanos en la maquinaria de procuración de seguridad y justicia en Jalisco”.

“Justamente por la actuación en materia de derechos humanos, el Consejo Ciudadano de la CEDHJ hizo un pronunciamiento a Felipe Calderón cuando invitó a Ramírez Acuña a la Secretaría de Gobernación, para que pusiera especial atención al desempeño de quien fuera gobernador de Jalisco”, concluye la nota.

Con esos antecedentes en materia de derechos humanos de uno de los hombres más cercanos a Calderón y el encargado de la política interior en su gabinete, ¿qué se podía esperar?

En conclusión, no es para menos la preocupación de organismos internacionales defensores de los derechos humanos acerca de la preocupante situación mexicana en la materia. Pero se necesitará mucho más que amonestaciones verbales o escritas si como antecedentes tenemos la promoción de la tortura desde los gobiernos panistas locales. Tal vez sea tiempo de que la Comunidad Europea aplique con rigurosidad la llamada “cláusula democrática” en sus tratos comerciales con México, por la cual los firmantes de acuerdos comerciales con los países de la Unión Europea están obligados a respetar los derechos humanos si desean seguir siendo socios comerciales de tan importante bloque mundial de países