viernes, 28 de marzo de 2008
domingo, 23 de marzo de 2008
LA REVOLUCION CUBANA Y LOS GUSANOS DE MIAMI
Publicadas por Sergio a la/s 10:56 a.m.
lunes, 17 de marzo de 2008
Reunion en Saltillo
a todos los miembros del colectivo de Direccion de nuestra asociacion politica les convocamos a la proxima reunion nacional a realizarse en Saltillo Coahuila el sabado 19 de abril de 2008.
Se ha modificado el lugar inicial que era Chihuahua a peticion de varios miembros del Comite ejecutivo nacional.
Atentamente
Por el Comite Ejecutivo Nacional
PRESIDENCIA COLECTIVA
Sergio Quiroz Miranda
armando Duarte Moller
Armando Ibarra Garza
Publicadas por Sergio a la/s 11:15 p.m.
jueves, 13 de marzo de 2008
Entrevista a Fernando Siqueira, Director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras
Brasil busca recuperar el control de su petróleo
Empresas extranjeras se apropian de recursos, sostiene
Ante la presión de Estados Unidos por privatizar los hidrocarburos de América Latina, el especialista dice que su país debe copiar a México el marco constitucional de control del Estado sobre sus recursos. “Ahora más que nunca Pemex es un paradigma”, afirma
Roberto González Amador e Israel Rodríguez
Ampliar la imagen Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, acompañado de Murilo Marcato, delegado de la misma organización, en entrevista con La Jornada Foto: Carlos Ramos Mamahua
Ampliar la imagen El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en una visita a la planta de gas de Cabiunas-Vitoria en Serra, en el estado de Espíritu Santo Foto: Ap
Ampliar la imagen La decisión del gobierno brasileño de privatizar la industria petrolera en 1997 tuvo como componente fundamental “convencer” a la población, a través de los vehículos de comunicación de masas, que Brasil no podía solo, explicó Fernando Siqueira Foto: Carlos Ramos Mamahua
Estados Unidos enfrenta una “difícil situación energética”, y la necesidad que tiene de lograr el control sobre los recursos petroleros de América Latina está detrás de las “enormes presiones” para privatizar los hidrocarburos en México y en otros países de la región. Habla Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras (Aepet):
“En realidad, Estados Unidos paga hoy 300 dólares por barril de petróleo: 100 dólares por el costo del crudo en el mercado y otros 200 derivados de los gastos en el aparato militar en Oriente Medio para garantizar el suministro desde esos yacimientos”.
Crítico del proceso de privatización de Petróleos Brasileños (Petrobras), que se concretó en 1997, durante el gobierno del ex presidente Fernando Henrique Cardoso –cuando se promulgó una ley que permitió a otras empresas competir con Petrobras en todos los ramos de la actividad petrolera–, Siqueira dice a La Jornada:
“En la discusión sobre el tema energético, México no debe ver el proceso de apertura en Petrobras como un ejemplo. En Brasil estamos en plena campaña para recuperar el control sobre el petróleo, y Brasil tiene que copiar a México el marco constitucional de control del Estado sobre sus recursos, y ahora más que nunca Petróleos Mexicanos (Pemex) es un paradigma. Es necesario que Brasil recupere el control de su riqueza”.
Fernando Siqueira y Murilio Marcato, delegado de la Aepet en Minas Gerais, forman parte del movimiento que ha renacido en Brasil para que el país recupere el control de su petróleo. La Aepet, fundada en 1961, está integrada por 5 mil empleados de nivel medio y superior de Petrobras, la mayoría en activo. Entre sus objetivos está defender la propiedad del Estado sobre el petróleo y el fortalecimiento de Petrobras como una empresa energética pública.
De visita a México comentaron a La Jornada algunas de las experiencias del proceso de privatización del petróleo en su país. Entre ellas, la forma en que las empresas extranjeras penetraron los órganos de dirección de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), el órgano creado por el gobierno después de la apertura para coordinar la política petrolera, e incluso del intento –ya durante el gobierno del presidente Luis Inacio Lula da Silva– de cambiar el nombre de la empresa por “Petrobrax”, bajo el argumento de su director de que “era más fácil de pronunciar para los inversionistas extranjeros”. También de la manera en que los promotores de la privatización invirtieron millones de dólares en pagar a periodistas y “analistas independientes” para que influyeran en la opinión pública en crear un clima favorable a la privatización.
“La experiencia de Petrobras no fue buena ni para el país ni para la petrolera; se abrió a las compañías extranjeras que se convirtieron en propietarias del recurso natural. El gobierno tenía 87 por ciento de las acciones y ahora tiene sólo 40 por ciento. Las empresas participan en las licitaciones de lotes para explotar campos petroleros y se convierten en dueñas del terreno y del petróleo que encuentren, el cual pueden vender a quien deseen”.
La privatización de Petrobras, asegura Siqueira, no llevó nuevas inversiones a Brasil. Tampoco aportó tecnología. “Las empresas extranjeras vinieron a Brasil a aprender, Petrobras era un líder tecnológico”, asegura.
Debilitamiento premeditado
A la vez que se transfería a firmas privadas, principalmente extranjeras, la propiedad sobre el petróleo, el Estado comenzó a perder los recursos de la renta petrolera.
Explica Fernando Siqueira: las empresas privadas que participan en la explotación del petróleo brasileño pagan al gobierno una participación de 10 a 45 por ciento del precio a que vendan el crudo. La media internacional en cuanto al pago de contribuciones a los países propietarios del recurso, agrega, es de 84 por ciento del precio de venta. Es decir, las compañías que operan en el país sudamericano pagan al Estado la mitad de lo que se tributa en promedio internacional.
Otra merma para el Estado, luego de la privatización impulsada por el régimen de Fernando Henrique Cardoso y continuada en el actual, tiene que ver con el valor de los lotes, que son las partes del territorio que se adjudican a las firmas privadas mediante licitación.
Explican los expertos que el lote más costoso ha sido vendido por el gobierno brasileño a un precio de 300 millones de dólares. La firma que se lo adjudicó extraerá crudo por un monto equivalente a 8 mil millones de dólares durante la vida productiva del yacimiento.
La privatización de Petróleos Brasileños en 1997 fue el punto culminante de un proceso de debilitamiento intencional de la empresa iniciado 20 años antes, explican. “Petrobras fue obligada a comprar petróleo a precios internacionales de 25 dólares por barril y venderlo en el mercado interno a 14 dólares; la diferencia era cubierta por la producción nacional y esto provocó que la empresa no tuviera recursos para invertir y se descapitalizara”, dice Siqueira.
En 1994 ocurrió un intento de reforma a la Constitución brasileña para acabar con el monopolio del Estado sobre el control de los recursos naturales. “Se tergiversaban las cosas, diciendo que Petrobras era un monopolio, pero en realidad el monopolio era del Estado sobre el control de los recursos, y Petrobras sólo era la empresa encargada de poner en práctica la política estatal sobre petróleo”, añade.
Había una creciente oposición a la privatización de Petrobras, que incluía al sindicato petrolero, entonces uno de los mayores del país, a empleados públicos de otros gremios, sindicatos de industria y organizaciones sociales. Cuenta que en 1995 el entonces presidente Henrique Cardoso emitió un decreto que prohibía a cualquier empleado público trasladarse a Brasilia, la capital federal y asiento de los poderes, a realizar cualquier protesta contra la decisión de abrir la empresa petrolera al capital privado, so pena de ser despedido. El objetivo, dice, era “quebrar” la resistencia a la política de apertura.
Un año después fue enviada la ley para eliminar el control total del Estado sobre el petróleo y permitir a empresas extranjeras extraer y hacerse propietarias del crudo brasileño. Fue aprobada un año después, a la vez que se creaba una Agencia Nacional del Petróleo que, asegura, respondía a los intereses de las grandes trasnacionales a las que entregó “todo el conocimiento que Petrobras había acumulado en 55 años de investigación sobre los yacimientos de petróleo en el país”.
Los modos de Halliburton
Una vez aprobada la ley que privatizaba la propiedad del petróleo brasileño, se instrumentó en la empresa una política de jubilación anticipada, que redujo de 35 a 30 años los años laborados antes del pase a retiro. En este proceso, la plantilla laboral de Petrobras se redujo de 60 mil a 30 mil empleados, aunque el plan de los administradores era de mantener sólo 15 mil empleados.
Una siguiente medida fue reconformar el consejo de administración de Petrobras, que hasta antes de la privatización estaba integrado por nueve miembros: seis directivos de la empresa y tres representantes de la sociedad.
Con las modificaciones legales se incluyó a consejeros externos de nacionalidad brasileña que, dicen los entrevistados, representaban los intereses del sistema financiero internacional.
A partir de esta reconformación del consejo se perdió control sobre las decisiones y el manejo de información estratégica. Un problema, desde su punto de vista, que llegó al extremo este año, cuando “se perdieron” tres discos duros robados a computadoras portátiles y que contenían la información sobre el gigantesco campo de Tupí, descubierto en diciembre pasado. Esos datos, como se ha publicado en la prensa brasileña y ahora recuerda el entrevistado, “aparecieron” en poder de Halliburton, la empresa propiedad del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney.
Se eliminó, además, al equipo de planeación de Petrobras y se compraron “activos podridos” en Argentina, pertenecientes a Repsol, firma que, dijo, “se sospecha es un brazo de la Shell usado por la petrolera anglo holandesa para eludir algunos controles a que están sujetas las mayores compañías energéticas del mundo”.
Fernando Henrique Cardoso dejó la presidencia en 2003 con una deuda interna por el equivalente a 60 mil millones de dólares, aun cuando durante su gobierno fueron vendidos activos públicos por 160 mil millones de dólares. “Entregó al país en bancarrota”, señala Siqueira. Murilo Marcato, delegado de la Aepet en Minas Gerais, recuerda que una vez iniciado el proceso de privatización, que ha llevado a que 40 por ciento del capital de Petrobras esté colocado en bolsas de valores, desde el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES, similar a Nafin en México) se buscó adquirir acciones de la compañía petrolera para asegurar que una parte permaneciera bajo control estatal. “El gobierno impidió que siguiera la compra de acciones del BNDES, e incluso los directivos del banco que la promovían fueron cesados”. Actualmente, ese banco tiene alrededor de 10 por ciento del capital de Petrobras.
En cambio, se favoreció a las empresas privadas que compraban acciones de Petrobras a través de los mercados accionarios. Dice Marcato que en 1999 el estatuto de la empresa fue cambiado para permitir que su presidente fuera extranjero; en 2000 se vendió, a través de la bolsa, 18 por ciento de la participación estatal. Un porcentaje similar de acciones, también del gobierno, fue colocado en las bolsas en 2001. En total, 40 por ciento del capital de Petrobas fue vendido en la bolsa.
El gran consumidor
Los dirigentes de la Asociación de Ingenieros de Petrobras consideran que América Latina está sujeta a una mayor presión por parte del aparato industrial y militar de Estados Unidos, y de las grandes compañías petroleras que los abastecen, por el control del petróleo. Una presión que ha ido en aumento conforme el alza en la cotización del crudo llega a niveles que los expertos consideraban que ocurrirían después de 2010.
Explica Siqueira: “El choque de precios previsto para 2010 está ocurriendo en 2008. Se anticipó porque los picos de producción se han caído y la demanda ha subido. La era del petróleo barato ya se terminó y ahora la previsión es que el barril alcance 180 dólares en 2015 y una cotización de 300 dólares en 2020”.
En este contexto de precios cada vez más altos, Estados Unidos muestra una mayor avidez por petróleo. Ese país consume una cuarta parte de la producción mundial dentro de su territorio y casi otro tanto con sus instalaciones militares externas, señala el experto.
Así, con reservas de 28 mil millones de barriles, Estados Unidos requiere 8 mil millones de barriles por año para su suministro interno y otros 7 mil millones de barriles para su aparato militar, “por lo que si no garantiza un suministro confiable, en dos años puede colapsar”.
Agrega que el desarrollo de Estados Unidos está “montado” sobre la energía del petróleo, que es la materia prima de 3 mil productos que no son fácilmente sustituibles.
“Estados Unidos está en una situación crítica. Consume 15 mil millones de barriles por año y tiene 28 mil millones en reserva. En ese país, cada coche consume 28 barriles (al año), una computadora tres barriles, y el promedio de consumo por habitante es de 25 barriles por año, en tanto que en los países de Europa es de 11 barriles por persona al año”, asevera.
Una de las principales fuentes de abasto de petróleo para Estados Unidos es el Oriente Medio y en especial de Arabia Saudita. Según los entrevistados, el gasto militar estadunidense en esa región del mundo agrega un costo de 200 dólares por barril al precio del crudo, que ya tiene dos semanas arriba de 100 dólares. Para el aparato industrial y militar de Estados Unidos, el costo neto ha subido a 300 dólares por barril de crudo.
“Aun cuando Arabia Saudita es un aliado muy fiel de Estados Unidos, no tiene la capacidad para abastecer y garantizar el suministro de crudo”, agrega Siqueira. Estados Unidos, asegura, se encuentra en una situación difícil de abasto de petróleo y para ellos es más fácil tratar de garantizar ese suministro en América Latina que invertir en Medio Oriente.
“Ahora que la oferta de petróleo es prácticamente igual a la demanda, la lucha por el abasto y el control del crudo se intensifica”.
Estrategia mediática
La decisión del gobierno brasileño de privatizar su industria petrolera en 1997 tuvo un componente fundamental para asegurar su realización, cuenta el especialista. Fue “convencer” a la población, a través de los principales vehículos de comunicación de masas en el país, de que Brasil no podía solo.
Relata: “la campaña en los medios de comunicación hacía llegar a los brasileños el mensaje, insistente, de que si no había apertura al capital privado no llegarían al país recursos externos necesarios para explotar el recurso, y entonces, se decía desde el gobierno, se tendrían que desviar recursos de los ramos de la salud, educación y seguridad. Se nos insistía en que no teníamos recursos ni experiencia, por lo que necesitábamos ayuda de las compañías y que no permitir esa ayuda sería ruin para el país”.
Todas las afirmaciones para apoyar la privatización estaban sustentadas en mentiras, cuenta Siqueira. Fue una campaña muy bien elaborada y planeada, añade. Recuerda que la trasnacional Shell invirtió 100 millones de dólares para que especialistas y profesores escribieran artículos y aparecieran en los medios de comunicación para hablar a favor de la privatización. “Les daban espacios para defender la privatización, compraron conciencias de periodistas y académicos que después se volvieron célebres en los medios brasileños”.
Relata que los promotores de la privatización ofrecían a profesores universitarios triplicarles el sueldo para que aceptaran escribir artículos y participar en foros para hablar a favor de la apertura de la empresa petrolera al capital privado.
“Yo, como opositor a la privatización, realicé entonces visitas por todo el país para hablar sobre el tema. Y me llamó la atención cómo, sin importar la región de Brasil donde me encontrara, las preguntas de quienes me cuestionaban en los foros eran las mismas, como salidas del mismo sitio”.
Los periódicos y los medios electrónicos lanzaron una campaña en la que argumentaban que la nacionalización de los recursos petroleros “era algo retrógrado y que la globalización era lo actual”. Se desplegaron informaciones subliminales para convencer a la población, dice.
Recuperar el control
En diciembre de 2007, Petrobras anunció el descubrimiento del campo petrolero Tupí, en el sureste del país, en la costa del océano Atlántico, un yacimiento que incrementará la reserva de crudo de Brasil a 80 mil millones de barriles, lo que convierte a ese país en poseedor de una riqueza comparable a la de mayores dueños de reservas: Rusia, Arabia Saudita, Irán, Irak y Venezuela.
El descubrimiento de Tupí reavivó el debate nacionalista e infundió nuevos ánimos a un sector de la población que busca recuperar el control total de Brasil sobre sus recursos naturales. Una acción emprendida, entre otras organizaciones por la Aepet, ante un órgano autónomo de procuración de justicia, detuvo temporalmente una licitación de 41 campos cercanos a Tupí. Con este mandato judicial, el gobierno pospuso la venta de esos campos.
“La enorme riqueza descubierta hace necesario que Brasil recupere el control sobre sus yacimientos. Como están las cosas ahora ese control no existe, porque las empresas privadas, de acuerdo con la ley vigente, son propietarias del crudo que extraen”, dice.
En Brasil, asegura, ha crecido un nuevo sentimiento nacionalista que ha hecho suyo el lema “el petróleo es nuestro” –que fue una de las frases empleadas por Getulio Vargas, el presidente que nacionalizó el hidrocarburo en los años 50, quien tomó como ejemplo el decreto del presidente Lázaro Cárdenas de nacionalización en 1938.
Añade que la privatización de Petrobras tuvo otras implicaciones. Dio éxito a la idea de los grupos que controlan política y económicamente a Estados Unidos de que se debe impedir que países potencialmente hegemónicos se desarrollen.
“Antes de la privatización, en Brasil el 90 por ciento del desarrollo tecnológico se realizaba en empresas estatales, eso se perdió. Los países dominantes no quieren un competidor indeseable”.
Publicadas por Sergio a la/s 4:47 p.m.
Recomendable lectura sobre el caso Mouriño
Adolfo Sánchez Rebolledo
Están jugando con fuego
Dos nuevos contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) firmados por el actual secretario de Gobernación determinaron que, tarde y a regañadientes, éste se decidiera a informar sobre el expediente completo. Mientras, en las cámaras, los grupos del PRI y el PAN tratan de salvar la cara del funcionario, saboteando la comisión investigadora solicitada por el Frente Amplio a raíz de las denuncias de López Obrador. En aras de distraer la atención sobre el fondo político de la cuestión, se pretende reducirla al rejuego legalista de siempre, al dictamen exclusivo de instancias que en este asunto son juez y parte, pues están sujetas al control del Ejecutivo, como serían la Secretaría de la Función Pública y la propia Procuraduría General de la República.
Pero más allá de las consideraciones jurídicas del caso, las cuales no pueden desdeñarse, es preocupante la arrogancia del denunciado, su insensibilidad, la confusión deliberada entre el particular y el funcionario (pues que se sepa no ha pedido licencia). El secretario Juan Camilo acude en defensa de Iván, el apoderado legal y accionista de Ivancar, sin advertir en ese lazo indivisible el germen de la gestión oligárquica del poder. Los contratos, dice, tampoco violan las normas éticas democráticas que aconsejan tomar distancias entre ambas esferas para evitar sospechas. Pero más allá de la respuesta legaloide del secretario, es preocupante el desdén, casi el desprecio con que trata a los partidos denunciantes, como si en democracia fuera un delito expresar la inconformidad por los actos y las conductas de los hombres del poder, cuya fiscalización es vital en un verdadero estado de derecho. Sin embargo, en aras de su defensa personal, el secretario olvida las formas a que su cargo le obliga: cancela la prudencia declarativa y lanza acusaciones sin ton ni son, siguiendo la misma lógica que en 2006 llevó al panismo a descalificar a López Obrador como “un peligro para México”. No es la primera vez que los jóvenes panistas cierran filas, apelan al espíritu de cuerpo y se aferran a visiones intolerantes.
La resistencia a la crítica nos habla de un grupo de y en el poder que prefiere jugar con las palabras para causar un efecto mediático que asumir definiciones y compromisos cabales.
Decir, por ejemplo, que los críticos “apuestan por el fracaso de nuestro país, apuestan a que a México le vaya mal y hacen todo lo posible para que a México le vaya mal”, al margen de la cursilería retórica, es una manera de descalificar el debate en curso sobre la reforma energética, satanizando a quienes “politizan” el asunto. De este modo, el gobierno convierte la discusión sobre la reforma energética en el campo de batalla entre el Bien y el Mal, es decir, entre los partidarios del Progreso (definido al modo neoliberal) y sus enemigos, sin darle a los argumentos en liza la menor importancia. La manera como el gobierno ha presentado el tema de la reforma energética sería cantinflismo puro si las intenciones no fueran evidentes.
Ya es un escándalo que la Presidencia juegue a las escondidillas en un asunto vital para el futuro de México; que se busque, mediante un anuncio de tv, arreglado según la audiencia y las necesidades “tácticas”, deformar los hechos –como con exactitud denunciara Jacobo Zabludovsky en acertado comentario– para crear un efecto mediático sobre el “público”. No menos escandalosa es la falacia, repetida hasta el hartazgo por los comentaristas ad hoc, de que es posible, necesaria e inevitable la “alianza” con las empresas extranjeras sin privatizar Pemex, es decir, sin proceder a la reforma de la Constitución que hoy prohíbe de manera categórica tales asociaciones, lo cual piensan realizar valiéndose, como indica Francisco Rojas, de los contratos modificados de servicios múltiples para el desarrollo petrolero de las aguas ultraprofundas.
Es preocupante que la defensa del secretario pase por el bloqueo de la comisión investigadora del Congreso al que se avino el PRI, pero más grave, en el orden general de los temas en la agenda, es el desprecio hacia quienes se oponen a la privatización con meras descalificaciones, cuando ya están sobre la mesa trabajos muy serios de técnicos, sindicalistas, científicos, economistas –como David Ibarra, cuyo ensayo reciente “El desmantelamiento de Pemex” es de lectura obligatoria–. No me extraña, pues en cierto modo, tal sordera es la continuación del síndrome del 6 de julio, es decir, la idea de que se puede afrontar la tormenta de la inconformidad mediante una combinación de técnicas mediáticas y fragmentación de las oposiciones para imponer una política de hechos consumados. Para el gobierno, las reformas de pensiones y otras confirman que una sacudida social es soportable si a cambio se producen “ajustes estructurales” capaces de reciclar al sistema, pese a sus fallas.
Se habla mucho de negociación y consenso, pero es difícil creer en la sensatez de un gobierno cuando el secretario de Gobernación, en medio de la crisis en que se halla, puede lanzar esta parrafada donde se unen el mayor triunfalismo con la máxima arrogancia: “Lo que quieren es que en México no sigamos transformando con las reformas que el país necesita y que no se discuta al respecto (...) Eso es lo que quieren, poner obstáculos para que no continuemos con las grandes cosas, con los grandes temas, con las grandes soluciones a los grandes problemas que tiene este país”. Alguien debería decirles a los capitostes del panismo que el limbo ya fue abolido por la Iglesia. Ya sería un leve avance que el gobierno de Calderón asumiera, de una buena vez, que la apertura a la explotación petrolera en áreas vedadas al capital privado es, en definitiva, una privatización y la esencia de su propuesta de reforma. Al menos no habría engaño. Pero no, quieren ponerse el “traje a la medida”, darle espacio a la pequeña manipulación politiquera confundida con la visión de Estado, por ahora ausente. Y de allí la apuesta por Mouriño. Están jugando con fuego.
Publicadas por Sergio a la/s 4:33 p.m.
13 de marzo de 2008 → Opinión
Octavio Rodríguez Araujo
Comprobación lógica: sí hubo fraude
Puede traicionarme la memoria, pero me parece recordar que lo solicitado por la revista Proceso sobre las boletas electorales de la elección presidencial de 2006 era acceso a ellas para volverlas a contar, y no, como ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impugnar las leyes electorales entonces vigentes ni el proceso comicial ya concluido.
Desde el principio, tanto la revista como algunos universitarios solicitaron contar los votos a sabiendas de que dicha acción, de haberse permitido, no cambiaría los resultados electorales, sino sólo resolvería la gran incógnita de muchos mexicanos de si los resultados fueron correctos o no. La negativa de seis magistrados contra cinco demuestra, una vez más, que la gente del poder no quiere que se le haga la autopsia, por decirlo así, al cadáver electoral. Hay presunción fundada de que dicha víctima fue asesinada; no se tiene la certeza de cómo exactamente se cometió el crimen, si fue asfixiada o murió de un golpe en la cabeza o de un balazo. La autopsia nos revelaría algo al respecto o, quizá, que la víctima en realidad no fue asesinada sino que falleció de lo que los médicos llaman muerte natural. Con el conteo extraoficial y sin validez jurídica se aclararía si hubo o no fraude electoral, si ganó Calderón o López Obrador. Nada más, pues, aunque tramposamente, es cosa juzgada, y ya ni modo.
Sin embargo, temerosos los del poder establecido, se han negado a aclarar estas dudas, a pesar de que sería en beneficio de la salud de la nación. Han preferido negar un derecho a la transparencia electoral que tenemos todos los ciudadanos; han preferido pasar a la historia como marrulleros autoritarios, que aclararle al mundo cómo fueron en realidad las elecciones federales pasadas. El siguiente paso será, si la lógica del poder se cumple, que el IFE ordene destruir las boletas electorales, es decir el cuerpo del delito. Y los mexicanos nos quedaremos siempre con la duda, al igual que tal vez nunca sepamos quién en realidad mató a Colosio, por ejemplo.
Los seis magistrados de la SCJN que votaron en contra de que se cuenten los votos otra vez han ratificado el enorme temor que existe en las esferas del poder institucional dominado por el PAN de que quizá Calderón no ganó. Han preferido no arriesgarse, ¿qué tal que resulta que perdió? Y esto, aunque no tenga validez jurídica, sí provocaría una enorme decepción en los mexicanos, y hasta es probable que nos enojáramos, y lo que de esto pueda derivarse.
Es una lástima que Felipe Calderón, dada la pequeña diferencia entre sus supuestos votos y los supuestos votos de su principal contrincante, no haya sido el primero en pedir que los votos se volvieran a contar. Lo único que logró con su contumacia fue aumentar la duda sobre su triunfo, olvidando la vieja máxima que dice que el que calla otorga, o la otra que dice que el que nada debe nada teme.
Si me doy cuenta de que me falta la cartera en el bolsillo y atrás de mí veo a un personaje que trata de pasar inadvertido o que lleva a cabo movimientos sospechosos, puedo pensar que él fue el ladrón. Llamo al policía más cercano y éste le pide que vacíe sus bolsillos. Si se niega, se hará más sospechoso, y si accede y no se le encuentra mi cartera, me disculparé ampliamente y reconoceré que me equivoqué y que ese personaje es inocente. Pero Calderón no quiso hacerlo, el IFE de Ugalde tampoco, el tribunal electoral ignoró infinidad de pruebas sobre la suciedad de las elecciones y falló en contra de que se contaran todos los votos. ¿Cuál puede ser la única conclusión lógica? Que no quisieron que se supiera la verdad. El máximo tribunal de la nación ha hecho lo mismo, ocultar la evidencia y dar pie para que las boletas sean destruidas. ¿Podré creer en las instituciones de la República después de esto? No, ni tampoco millones de mexicanos.
Muchos amigos míos, tanto los muy enterados como otros medio apáticos, me han dicho que no hubo fraude y me han dado decenas de argumentos; pero ellos, a diferencia de quien se ostenta como gobernante y de nuestros magistrados, sí estuvieron de acuerdo en que las boletas electorales fueran contadas de nuevo por personas ajenas al poder institucional y confiables por lo mismo. Unos lo dijeron públicamente y otros no, por temor a perder su trabajo, pero pensaron que no hubiera habido ningún problema en el recuento, incluso –en opinión de ellos– para ratificar que las irregularidades habidas en el cómputo oficial no hubieran cambiado sustancialmente los resultados. Nada. Los del poder institucional cerraron filas y terminaron siendo cómplices, por lo menos, de mantener la duda entre quienes pensamos que sí fue fraudulenta esa elección y que no triunfó Calderón. Con su terquedad confirman, para mí, que sí hubo trampa y que el golpe de Estado ex ante (del que he escrito en otros momentos) sí se llevó a cabo, aunque poco podamos hacer ahora para cambiar las cosas.
Es una lástima que estas cosas ocurran en México. Pero, contra lo que probablemente piensan los del poder, no nos acostumbraremos: seguiremos la ruta de la oposición en la medida de nuestras posibilidades. Y, una conclusión inevitable: las instituciones son dudosas y poco confiables.
Publicadas por Sergio a la/s 4:19 p.m.
domingo, 2 de marzo de 2008
Aquí está la razón por la que quieren entregar PEMEX al capital privado
Sin carga fiscal, Pemex gana más que 30 grandes empresas del país
■ La paraestatal es obligada a pagar más impuestos de lo que obtiene por utilidades
■ El costo de extracción de cada barril de crudo fue de 4.3 dólares el año pasado
■ La petrolera estima mantener constante hasta 2010 el actual nivel de producción
Israel Rodríguez y Juan Antonio Zúñiga
Petróleos Mexicanos (Pemex) se consolidó en 2007 como la empresa petrolera más rentable en el mundo, por encima del gigante estadunidense Exxon Mobil, actualmente en conflicto con el gobierno de Venezuela.
La utilidad de Pemex antes del pago de impuestos y derechos al gobierno federal, que el año pasado sumó 660 mil 152 millones de pesos, es una cantidad que triplicó las ganancias obtenidas en 2007 por las 30 empresas más importantes que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con lo que la petrolera mexicana se posicionó como la compañía en su ramo que genera el mayor flujo de efectivo.
Sustentada en los elevados precios del crudo durante la mayor parte de 2007, las ganancias que obtuvo Pemex en el ejercicio fiscal pasado fueron equivalentes a 60 mil 753 millones de dólares.
Este monto supera en 49 por ciento a las ganancias de 40 mil 600 millones de dólares que obtuvo el gigante petrolero ExxonMobil durante 2007 y que constituyó la mayor cifra de utilidades que una empresa de Estados Unidos haya obtenido en la historia.
Para ubicar en su magnitud el monto de ganancias que genera Pemex, y que le son enajenadas por la Secretaría de Hacienda al amparo del marco fiscal vigente, el conjunto de las 30 empresas de mayor peso en el mercado bursátil logró en 2007 una utilidad conjunta por 221 mil 500 millones de pesos, unos 20 mil 509 millones de dólares. En este universo de empresas se ubican firmas como: Cementos Mexicanos, América Móvil, Teléfonos de México, Wal-Mart, Grupo México, Alfa, Televisa, Grupo Modelo, Elektra, Fomento Económico Mexicano, Kimberly Clark, Inbursa, Bimbo, Sigma Alimentos, Liverpool, Geo, Soriana, Grupo Aeroportuario del Pacífico y Axtel, entre otras.
Los estados de resultados de 30 de las más importantes empresas que cotizan en la BMV indican que la utilidad conjunta apenas representó poco menos de una tercera parte de la renta generada por la industria petrolera nacional en el lapso de referencia.
Sin embargo, la carga fiscal a la que es sometida la empresa pública más importante de América Latina propició que en 2007 registrará pérdidas por 16 mil 127 millones de pesos.
Esta cifra negativa es el resultado de un pago de impuestos, aprovechamientos y derechos al Fisco por 676 mil 278 millones de pesos, que superaron a las utilidades, antes del pago de impuestos, por 660 mil 152 millones de pesos, de acuerdo con datos de Pemex. Es decir, Hacienda cobró a la paraestatal impuestos por un monto mayor al de sus utilidades.
Para efectos comparativos, las empresas pagan al fisco un impuesto sobre la renta, cuando lo hacen, por un monto de 28 por ciento de sus utilidades.
El monto de impuestos pagados por Pemex en 2007 fue superior en 11.8 por ciento, en términos reales, al enterado en 2006, según informes de la paraestatal.
Los informes oficiales señalan que el costo de extracción de cada barril de petróleo crudo fue de 4.3 dólares, uno de los más bajos en el mundo, en tanto que el precio promedio al que se vendió la mezcla de exportación en el mercado internacional fue de 61.6 dólares en 2007.
Para completar el pago de las obligaciones fiscales pendientes y financiar sus obras de expansión de infraestructura productiva, Pemex contratará deuda con las agencias internacionales de crédito, colocación de bonos en los mercados nacionales e internacionales por unos 5 mil millones de dólares en 2008.
En relación con las expectativas de producción para este año, se prevé una extracción de 3 millones 102 mil barriles por día, volumen que se estima se mantendrá constante hasta 2010.
En el caso de aguas profundas, Pemex continuará trabajando con un equipo que puede operar hasta mil metros de tirante de agua.
Publicadas por Sergio a la/s 8:43 a.m.